Un artículo de Pere Rostoll, aparecido en Levante-EMV de 2-10-01 que reproducimos por su interés

La vivienda del conseller García Antón carece de la licencia municipal

La casa construida por el miembro del Consell y la futura alcaldesa de San Vicente del Raspeig, Luisa Pastor, tiene deficiencias urbanísticas que no han sido subsanadas

Pere Rostoll, Alicante

La vivienda propiedad del conseller de Obras Públicas, Transporte y Urbanismo, José Ramón García Antón, y de la diputada provincial de Servicios Sociales y aspirante a ocupar a partir del próximo 10 de octubre la alcaldía de San Vicente del Raspeig, Luisa Pastor, carece actualmente de la preceptiva licencia municipal de obras, según consta en un certificado expedido ayer mismo por el secretario del Ayuntamiento de San Vicente. El documento asegura que el consistorio requirió a García Antón para que solucionara las deficiencias urbanísticas que presentaba el proyecto de la vivienda, edificada en 1987, sin que, pasados todos estos años, éste las haya subsanado lo que ha impedido la concesión de la mencionada autorización.

El certificado -que ratifica un informe emitido también con fecha de ayer por el arquitecto técnico municipal- concreta que esta situación se remonta al 11 de febrero de 1987 cuando el responsable de Obras Públicas del Consell -entonces Ingeniero-jefe del Ayuntamiento de Benidorm gobernado por los socialistas- solicitó al consistorio de San Vicente la licencia de construcción de un edificio. El bloque dispone, como refleja el escrito rubricado por el secretario, «de planta baja y p. primera» y está dedicado, siempre según el documento, a «vivienda unifamiliar».

El escrito indica que con fecha 12 de mayo del 87, tres meses después de la petición de la autorización, el consistorio «requirió al interesado la subsanación de determinadas deficiencias indispensables para la concesión de la licencia solicitada». Ante la «inactividad», en este caso, del conseller a la hora de aportar la documentación y de subsanar las deficiencias urbanísticas, el consistorio «transcurrido el plazo concedido» procedió a la caducidad del expediente por lo que, en estos momentos, como cita el documento «la edificación referenciada carece de licencia municipal de obras». Se da la circunstancia de que la construcción está finalizada y que es la residencia habitual de García Antón -que, no obstante, entre semana y merced a sus obligaciones vive en Valencia- y de Luisa Pastor.

Levante-EMV DIPUTADA. Luisa Pastor, futura alcaldesa de San Vicente del Raspeig

La comunicación por la que se decreta la caducidad de la tramitación -fechada el 15 de junio del 99 y con García Antón ya de conseller desde marzo del 98, puesto al que accedió tras la dimisión de Luis Fernando Cartagena, y después de ocupar desde el 95 la dirección general de Obras Públicas- está rubricada por el entonces concejal de Urbanismo, José Gadea, que disponía de la delegación del alcalde, Francisco Canals, para resolver la documentación de su área. Gadea renovó en aquellas elecciones su acta de concejal con el PSPV pero, posteriormente, y tras las diferencias con Canals que provocaron su cese, se dio de baja de las filas socialistas llevándose al Grupo Mixto el acta junto a otros tres ediles. Los tránsfugas han firmado una moción de censura junto al PP en la que proponen como candidata a la alcaldía a la esposa del conseller.

Los trámites de la documentación han sido larguísimos. De hecho, en 1990, con Jaime Antón -hoy edil independiente y firmante también del voto de censura contra Francisco Canals- de alcalde, el Ayuntamiento de San Vicente ya abrió un expediente sancionador «por presuntas infracciones urbanísticas» contra José Ramón García Antón al tiempo que se le requirió para que en dos meses solicitará la licencia con «apercibimiento de que si en el citado plazo no actúa del modo requerido se dará cuenta al Ayuntamiento para que acuerde la demolición».

El informe de los servicios técnicos municipales elaborado en aquel momento, 10 de diciembre de 1990, ya advertía que la edificación, «terminada y en uso», vulneraba la ley sobre régimen de suelo y ordenación urbana, el reglamento de disciplina urbanística y el PGOU vigente en aquel momento, al tiempo que ratificaba que el edificio se «encuentra sin licencia».

El conseller de Obras Públicas, ante la llamada de este periódico para conocer su versión, declinó cualquier comentario. Igualmente, este periódico no ofrece, por razones de seguridad, ni la dirección de la vivienda del responsable de Obras Públicas ni fotografía alguna de la casa.